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Las entidades de gestión y los problemas de competencia

Tue, 02 Feb 2010 12:41:00 +0100

Hace relativamente poco fue publicado por la Comisión Nacional de Competencia (Antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia) un prolijo Informe sobre los problemas de competencia que afecta al mundo de la Propiedad Intelectual, sobre todo en los casos en que se mantienen relaciones con las distintas Entidades de Gestión ya sea tanto por los clientes de las mismas (es decir, los socios que les confían la gestión de los derechos) o como usuarios (las personas físicas o jurídicas que solicitan licencias o proceden al pago por el uso del repertorio).

Uno de los puntos más importantes que viene a establecer el mentado Informe es la falta de competencia efectiva y la existencia de monopolios creados a través de barreras de entrada legales.

A este respecto hay que marcar que hasta no hace mucho tiempo -algo más de veinte años- sólo existía una Entidad de Gestión en territorio nacional, la SGAE (en aquella época Sociedad General de Autores de España), a la que tenían acceso todos los autores sin importar la tipología de sus obras. Con las modificaciones legislativas provenientes de la entonces CEE se fue abriendo a tipologías distintas de sujetos como los intérpretes, productores, editores... y, por tanto, por modalidades que no son la mera autoría; así se consiguió una mayor protección de todas las actividades susceptibles de protección por medio de la Propiedad Intelectual.

Bien es cierto que el vigente Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual establece que es el Ministerio de Cultura quién tiene que autorizar la creación de dichas entidades que son al fin y al cabo entidades sin ánimo de lucro, lo que no quiere decir, que sean entidades que no tienen porqué obtener beneficios (de todas formas es un requisito no compartido en todas las legislaciones de nuestro entorno).

Esto crea un problema a la entrada de nuevos operadores como dice la CNC, pero que no se debe a una actuación del Ministerio porque como se ha demostrado en las obras audiovisuales hay dos Entidades de Gestión que operan en este ámbito DAMA y SGAE, por tanto, no se ha producido ningún tipo de actividad o de intención que favorezcan los monopolios de las entidades de gestión (por lo menos de manera pública y hasta la fecha); por tanto, es una actividad de la iniciativa privada que no le interesa entrar en dicho sector o que no ha pretendido hacerlo.

Por otro lado la posibilidad de incentivar la competencia por medio de establecer varias Entidades de Gestión que se centren en el 'management' de los mismos derechos ya se ha dado el caso en el sector audiovisual como DAMA y SGAE, esto no puede otra cosa que generar fricciones, por eso los contratos con las distintas entidades establecen la exclusividad, previniendo una posible multiplicidad de Entidades en un mismo ámbito. En este punto procederé a establecer las distintas fricciones que se podrían generar.

En primer lugar se podría llegar a una multiplicidad de derechos gestionados por distintas Entidades o al mismo derecho gestionado por varias Entidades (como sucede con las entidades de gestión norteamericanas), por tanto, además de no saber a qué Entidad acudir, en caso de que el mismo derecho esté gestionado por más de una podría llegarse a tener que solicitar autorización a varias o a todas, lo que supondría un aumento de los costes.
A la hora de solicitar licencias podríamos tener que por ejemplo, un bar de copas que solicita una licencia para poner música en el local, tendría que pedir autorización no como ahora autorización a los intérpretes y a los autores tendría que ver en cuál de las Entidades está el repertorio o tener que solicitar múltiples autorizaciones generales.
Perjuicio para el titular de los derechos ya que al tener los derechos repartidos entre distintas Entidades de Gestión los costes de gestión que las mismas le imponen si se suman pueden suponer una cuantía muy alta.

Otra de las apreciaciones es la falta de negociación, de información y de igualdad de las tarifas de las Entidades de Gestión, así cuando se quiere solicitar una licencia general son las propias entidades las que imponen sus tarifas, las dichas son aprobadas por las asambleas generales de sus socios y se decide cual va a ser el incremento, las funciones, los porcentajes de gestión... en estos casos pasa como en otros muchos los miembros de las mismas no acuden y no delegan los votos, lo que al final suele ser una aprobación por una minoría interesada.

El principal problema viene cuando una entidad de gestión impone tarifas distintas a operadores de un mismo sector del mercado como por ejemplo dos canales de televisión, esto en muchas ocasiones también depende del poder de negociación del operador y a la disponibilidad del mismo como por ejemplo compartir datos con la Entidad, mayor o menor presencia en el mercado...

Tales tarifas deberían ser conocidas por los operadores para saber ante cual de las entidades acudir en caso de multiplicidad de derechos gestionados, pero como no es así, sólo hay dos formas o autorización directa del titular en los casos que se pueda o acudir ante la entidad.

Por último la gestión obligatoria a través de Entidades de Gestión, este punto es el más controvertido desde mi punto de vista, se debe a que la normativa impone en ciertos casos la gestión directa a través de dichos Entes, en ciertos casos y según avanza la tecnología es más fácil en algunos casos la autorización y gestión directa por los propios titulares de los derechos.

A modo de conclusión pese al extraordinario análisis realizado por la CNC, hay que advertir que en este sector no se pueden establecer las mismas obligaciones que en el resto del tráfico comercial habitual y que tiene una serie de características diferentes. Las Entidades de Gestión son un mal menor para proteger y gestionar los derechos de Propiedad Intelectual, en muchos casos si no fuera gracias a ellas ciertos derechos no se podrían cobrar ni se podrían llegar a generar las actividades necesarias.

A mi modo de ver los problemas de las Entidades de Gestión son:

Falta de transparencia para sus propios socios, ya sea por oscurantismo de sus órganos ejecutivos como por falta de interés de sus socios, el funcionamiento de las mismas y los costes aparejados a sus actividades, así como los porcentajes por gestión y administración tienen que ser conocidos por los socios.
La finalidad de las Entidades tiene que ser el mayor beneficio de todos sus socios y en primer lugar los más desfavorecidos y los noveles ayudándolos a lanzar sus obras o a defenderlos de injerencias externas, no de los autores que más recauden o que estén en ciertas esferas decisorias.
Ser un método eficaz para formular reclamaciones a terceros por actuaciones no autorizadas y no un elemento que se ancle en fórmulas pasadas para intentar mover un modelo de negocio que ha devenido obsoleto y además no eficaz, constituyéndose en un elemento dinamizador y no en un lastre para seguir manteniendo su pequeña parcela de poder.
Entender las nuevas vías de negocio y las nuevas posibilidades ayudando a los distintos operadores a crear nuevas vías de difusión de la cultura y apoyar las nuevas vías de negocio, que al final van a favorecer a sus propios socios.

Xnovo, con Red.es entrega el primer premio de Start Up en FICOD´09

Wed, 23 Dec 2009 12:11:00 +0100

Durante la celebración del pasado Foro Internacional de Contenidos Digitales (FICOD) a finales de noviembre, Xnovo ha tenido el placer de entregar el primer premio a la start up ganadora del Primer Concurso de Emprendedores, poniendo a disposición de la empresa ganadora un Plan Startup, incluyendo todos los servicios legales especializados en empresas de base tecnológica (E.B.T)

El objetivo de la competición es promover la inversión en la industria de los contenidos digitales. Según palabras del propio FICOD, "es una gran oportunidad para que emprendedores como tú compartáis ideas innovadoras con inversores y expertos de Silicon Valley, Boston, y otras áreas de innovación de todo el mundo. Participando en esta competición obtendrás feedback útil y valioso de parte de nuestro reconocido grupo de jueces, además de la creación y grabación de un vídeo sobre la idea/la compañía que podrás utilizar luego para difusión y promoción."

Entre los proyectos presentados, había una altísimo nivel, demostrando de nuevo, que España puede llegar a ser un país puntero en la creación de empresas de base tecnológica, innovadoras y generadoras de empleo de calidad y duradero.

Finalmente, los tres finalistas fueron las siguientes Startup Up:

1er PREMIO: Ideas4All.com
2º PREMIO: Telebision.com
3º PREMIO: Prusland.com

Para los que no lo conozcáis, Ideas4All es un sitio web donde los usuarios pueden publicar ideas, para poder "compartirlas, cambiar la vida de alguien o incluso cambiar el mundo”. “Es donde las personas que necesitan una solución pueden encontrarla. También es donde las personas pueden ver ideas nuevas, navegar en busca de soluciones y divertirse, conectando a todas las personas entre sí"

Xnovo Colaborador de la Campaña I Secure Internet con el INTECO

Wed, 02 Dec 2009 09:00:00 +0100

Lo último en seguridad del internauta en España ya está aquí: “I secure Internet”. La campaña que ayuda a concienciar e informar a los cibernautas sobre cómo proteger su privacidad navegando por la red suma una nueva colaboración entre INTECO y Xnovo Derecho Tecnológico.

Xnovo Derecho Tecnológico se une a las acciones de promoción de una navegación segura por Internet para todos. Luchar contra el mal uso de la red ya tiene un defensor de altísimo nivel: “I secure Internet”. El objetivo fundamental de la campaña de INTECO en la cual colabora Xnovo Derecho Tecnológico es conseguir que el mayor número de usuarios de Internet en España sepan cómo proteger su privacidad en la red mediante acciones activas y pasivas para combatir los virus, la violación a la intimidad y privacidad en redes sociales y demás entornos socio-profesionales, el abuso, el mal uso y el robo de datos personales en transacciones online de todo tipo, el fraude cibernético, la avalancha de spam, una realidad presente cada vez más en el desarrollo normal de una ciberjornada.

“I secure Internet” quiere convertirse en la punta de lanza del esfuerzo común de comunicar y enseñar a todos los cibernautas que entre todos podemos hacer que la red en España se convierta en un entorno viable tanto a nivel personal, profesional y social como económico.

Evolución y tendencias de futuro de la Comisión de Propiedad Intelectual

Mon, 23 Nov 2009 13:01:00 +0100

Creación bajo la LPI1987 (Comisión Arbitral Propiedad Intelectual), sólo con funciones de arbitraje (art. 143), sin más funciones que el arbitraje de la ley del 53 (vigente la versión del 2003), remitiéndose en cuanto a materia procesal a la legislación general sobre arbitraje igual que hace el RD 479/1989, las reformas de dicha ley siempre han permanecido invariables y que siempre se encontraba ubicado dentro del título encargado de regular las Entidades de Gestión (pese a estar incardinada dentro del Ministerio de Cultura), así dentro del tribunal arbitral puede haber personas designadas por las Entidades de Gestión, pero no es un órgano de las mismas, dicho precepto se desarrolla por el Real Decreto de 5 mayo de 1989, que todavía sigue vigente (modificado en 1995), pero que no ha sufrido ninguna modificación por los cambios legislativos.

Después de estas fechas han sido modificaciones, retoques y añadidos sin injerencia en el bloque fundamental, pese a prever expresamente un desarrollo reglamentario.

En 1995 se cambia a Comisión Mediadora y Arbitral de Propiedad Intelectual, y ahora además de tener funciones arbítrales, tiene también mediadoras sólo en el ámbito de la distribución o retransmisión por cable, impuesta por la Directiva comunitaria de Satélite y Cable, configurando el derecho de los titulares a autorizar tales actuaciones como un derecho de gestión colectiva obligatoria.

Así cuando se intenta un acuerdo entre las partes cuando entre entidades de gestión y el cablero, siendo el tercero más idóneo la Comisión, reformándose dicho Real Decreto, con la nueva función de dos años para su ejercicio (nunca se ejercito), que era la de fijar el importe del derecho de remuneración por alquiler de artistas y autores.

En el TRLPI, por la incorporación de la Ley 5/1998 (que establecía el derecho "sui géneris" de las base de datos), pasó a ser el art. 158, la redacción de este precepto desde la reforma del 95 no se ha modificado.

En 2006 (Ley 23/2006) por la inclusión de la Disposición Adicional 2ª se prevé que el Gobierno pueda por Real Decreto ampliar, modificar o desarrollar las funciones del art. 158 del TRLPI atribuidas a la Comisión, incluyendo la función de arbitraje, mediación y resolución de conflictos entre las Entidades de Gestión o de estas con Asociaciones de Usuarios y Entidades de Radiodifusión, así como la fijación de tarifas (en ningún momento se prevé la posibilidad de incluir en estos extremos cuestiones con los asociados de dichas entidades u otro tipo de colectivos). Así afirma que hay realidades que deberán ser tenidas en cuenta por el legislador, tanto propios de la realidad española (reparto competencial de las CC.AA.) como las nuevas tecnologías y las nuevas realidades del sector.

El Gobierno no ha realizado ninguna modificación, salvo el borrador del 2007 por el Ministerio de Cultura (MCU), con informes de distintas asociaciones, no fue informado ni por el Consejo del Estado ni por el CGPJ, parándose su tramitación en las elecciones generales del 2008, por una interpretación estricta-amplia de dicha Disposición Adicional.

Así se hay ciertas funciones que por previsión legal han quedado expresamente fuera de las funciones de la comisión, como es el caso de la fijación de la remuneración compensatoria o resarcitoria por copia privada que aparece en la Ley 23/ 2006, dada a otros organismos. Estas funciones decisorias atribuidas a la comisión, incluyen otras como la función de fijar los importes de derechos de remuneración, pero no de derechos exclusivos, que aunque parece que se manejó (reconocido en países de nuestro entorno).

La comisión de momento no ha dictado laudos arbitrales y sólo en un caso a mediado con resultados efectivos, esto se debe a que el funcionamiento de la comisión por la constitucionalidad de la formación de dicho ente, siendo un órgano colegiado de ámbito nacional (estatal) incardinada dentro del MCU (pero sin dependencia orgánica), las CC.AA. catalanas y vascas en la STC 196/1987, dicha configuración no entra en contra de las competencias autonómicas, siendo competencia exclusiva del Estado por los arts. 149.1.5 y 6 CE.

Desde 1997 hasta hoy en algunas CC.AA. intentan que existan comisiones territoriales.

Funciones:

Mediación en el Cable, aceptando peticiones de mediación realizadas de común acuerdo por las partes en negociaciones sin acuerdo (fijación tarifas generales EE.GG., donde la comisión tiene reconocidas funciones de arbitraje, o por los usuarios)  no hay datos numéricos ya que la Comisión no emite informes anuales.
- Sólo en una ocasión la mediación a propiaciado un acuerdo entre las partes, 18 de diciembre de 2008, convenio relativo a la remuneración por comunicación pública de fonogramas entre AGEDI y AIE, y la confederación española de hoteles y alojamientos turísticos.
- Hay intervenciones en función de mediación entre EE.GG. y usuarios.
Arbitraje:
- Obligaciones de las EE.GG.: negociar, fijar tarifas, licencias, descuentos a las entidades culturales (157.1).
- Fijación de cantidades sustitorias a las tarifas, bajo reserva o consignación durante la negociación (157.2).

Es necesario el común acuerdo de las partes para acudir a la comisión, en su defecto no entrará a valorar, cosa que es consustancial a todo órgano arbitral.

Una de cada 3 denuncias a FACUA en 2008 estaba relacionada con las telecomunicaciones

Thu, 12 Nov 2009 10:00:00 +0100

Durante el año 2008, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, más conocida como FACUA, recibió 30.702 consultas y reclamaciones. Un tercio de estas consultas y estuvieron propiciadas por denuncias de abusos y fraudes sufridos por los consumidores en el sector de las telecomunicaciones.

En este sentido, de las 3.693 reclamaciones en representación de sus socios que tramitó la organización un 29,8% estaban relacionadas con irregularidades en telefonía fija, móvil y acceso a Internet, casi siete puntos porcentuales más que 2007. De esta forma, las telecomunicaciones lideraron las denuncias tramitadas por Facua, por delante de las reclamaciones relacionadas con la compra de vivienda, con un 11,5%, tres puntos por encima de las registradas en 2007.

Asimismo, las compañías de telecomunicaciones fueron las protagonistas de las 765 denuncias de oficio que presentó la organización en 2008, seguidas de las compañías aéreas, agencias de viaje, establecimientos de alimentación, bares y cafeterías. La mayor parte de las denuncias en el sector se debieron a incidencias relacionadas con las telecomunicaciones móviles, por encima de las reclamaciones en segmentos como telefonía fija y acceso a Internet mediante ADSL y cable.

Protección de Datos en Colombia II- La Ley 1266 de 2008, responsabilidades y consentimiento

Thu, 29 Oct 2009 09:30:00 +0100

Con motivo de la publicación de la Ley 1266 de 2008 en Colombia y las novedades que ésta aporta al entorno legislativo de la protección de datos en ese país, Alejandro Delgado, Director de área de Telecomunicaciones, Medios y Nuevas Tecnologías del despacho Parra, Rodriguez y Cavelier (Bogotá, Colombia), nos hace un análisis sobre el habeas data que publicaremos en 4 artículos.

La Ley 1266 de 2008, responsabilidades y consentimiento

La Ley está dirigida a desarrollar el derecho que tiene toda persona a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ellas se hayan recogido en bancos de datos, al igual que a proteger los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con las actividades de recolección, tratamiento y circulación de datos personales, particularmente en relación con la información financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países.

La Corte es clara en anotar que en cada acto de acopio, tratamiento y recolección de datos personales deberá preservarse la competencia del sujeto concernido de conocer, actualizar y rectificar la información contenida en la base de datos correspondiente. De igual manera, la administración de dicha información deberá garantizar la vigencia de los principios de libertad, necesidad, veracidad, integridad, incorporación, finalidad, utilidad, circulación restringida, caducidad e individualidad; los cuales, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, definen el contenido y alcance del derecho fundamental al hábeas data.

Adicionalmente, aclara que la condición de titular de información es predicable tanto de las personas naturales como jurídicas, en la medida en que las dos son susceptibles de producir información que puede ser recolectada por las bases de datos.

La Ley establece que la fuente de la información responde por la calidad de los datos suministrados al operador la cual, en cuanto tiene acceso y suministra información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstas para garantizar la protección de los derechos del titular de los datos.

La responsabilidad de los operadores

Por su parte, sujeta al operador al cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstos para garantizar los derechos del titular de la información, lvo en los casos en que el operador sea la misma fuente de información, en donde al no tener relación comercial o de servicio con el titular, no es responsable por la calidad de los datos que le sean suministrados por la fuente.

Sobre dicha exoneración de responsabilidad, la Corte fue clara en anotar que los operadores son responsables concurrentes con las fuentes en la satisfacción de, entre otras garantías constitucionales, los principios de veracidad, integridad y finalidad e incorporación.

Sin embargo, la exclusión de responsabilidad al operador no puede predicarse luego de la transmisión de la información por la fuente, pues a partir de esa actuación el operador adopta la posición de agente responsable de la protección del derecho al hábeas data del sujeto concernido.

Igualmente, la legitimidad de la administración de datos personales depende de que el acopio, procesamiento y divulgación de la información responda a una finalidad constitucionalmente legítima, obligación que contrae la prohibición de la recopilación de información personal sin un objetivo definido y autorizado por el titular del dato, al igual que el uso de la misma para un propósito distinto al previsto y consentido por el sujeto concernido.

Al usuario por su parte, se le sujeta al cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstos para garantizar la protección de los derechos del titular de los datos. En consecuencia, la norma prevé que en el caso que el usuario transfiera información directamente al operador, tendrá simultáneamente las calidades de usuario y fuente, asumiendo los deberes y responsabilidades de ambos.

La Ley define dato personal cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. En segundo lugar establece que los datos impersonales no se sujetan al régimen de protección de datos previsto en la iniciativa.

En cuanto las agencias de información comercial participan en procesos de acopio, recolección y tratamiento de datos personales, les es exigible el cumplimiento de las prerrogativas propias del derecho al hábeas data incluyendo, en su condición de fuente de información, de obtener la autorización del titular para la inclusión del dato personal en un archivo o banco de datos.

La ley define la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países como aquella referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias, independientemente de la naturaleza del contrato que les dé origen, así como la información relativa a las demás actividades propias del sector financiero o sobre el manejo financiero o los estados financieros del titular.

En consecuencia, los establecimientos financieros no podrán basarse exclusivamente en la información relativa al incumplimiento de obligaciones suministradas por los operadores, para adoptar decisiones frente a solicitudes de crédito. Así, se obliga a que la información contenida en los bancos de datos sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible; se prohíbe el registro y divulgación de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan al error; se obliga a que las actividades de recolección de datos personales obedezcan a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la ley. De la misma forma, establece que la finalidad deberá comunicársele al titular de la información previa o concomitante con el otorgamiento del titular de la autorización, cuando ella sea necesaria o, en general, siempre que el titular solicite información al respecto;

En virtud del principio de circulación restringida los datos personales, salvo la información pública, no podrán ser accesibles por Internet o por otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los titulares o a los usuarios autorizados para ello, en los términos de la disposición estatutaria; el dato del sujeto concernido no podrá ser suministrado a los usuarios cuando deje de servir para la finalidad del banco de datos; la norma estatutaria se interpretará en el sentido que se amparen adecuadamente los derechos constitucionales, como son el hábeas data, el derecho al buen nombre, el derecho a la honra, el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Igualmente, establece que los derechos de los titulares se interpretarán en armonía con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución y con los demás derechos constitucionales aplicables; impone que en la información personal contenida en bases de datos, así como en la resultante de las consultas que realicen los usuarios, se incorporen las medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad de los registros, a fin de evitar su adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado; y establece que todas las personas naturales o jurídicas que intervengan en la administración de datos personales que no tengan carácter público, están obligadas en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende la administración de datos, pudiendo sólo realizar el suministro o comunicación de datos cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas por la norma estatutaria.

La función de vigilancia sobre la conducta de los agentes que intervienen en el proceso de administración de datos personales, se asigna a la Superintendencia de Industria y Comercio, y a la Superintendencia Financiera cuando la fuente, el operador o el usuario, sea una entidad vigilada por este órgano.

El consentimiento

A su vez, la Ley ha previsto una modalidad particular de consentimiento en lo que respecta a la administración de datos personales. La primera, que puede denominarse como de autorización doble, relacionada con los datos privados y semiprivados distintos a los comerciales y financieros, caso en el cual deberá contarse con el consentimiento del titular del dato, expresado tanto a la fuente (artículo 8º-5 de la Ley), como al operador de información (parágrafo del numeral 1.4. del artículo 6º de la Ley). El segundo, relativo a la administración de datos personales financieros, crediticios, comerciales, de servicios y provenientes de terceros países; evento en el que la eficacia del principio de libertad se logra con el consentimiento libre, previo y suficiente que el titular exprese ante la fuente de información, como requisito previo e ineludible para que ésta transmita los datos al operador

Sobre el principio de consentimiento, la Corte considera que (i) la interpretación adecuada y conforme a la Constitución del literal f) del artículo 5º de la Ley salvaguarda la obligación ineludible de las fuentes de información de contar con la autorización del titular para la inclusión del dato personal en los archivos y bancos de datos administrados por los operadores; por lo tanto, (ii) la vigencia de la libertad en los procesos de administración de datos personales se concreta en que el sujeto concernido preste su consentimiento previo, libre y expreso para la inclusión de la información en las bases de datos; (iii) la eliminación de esa autorización restringe el principio de libertad, que tiene raigambre constitucional, puesto que permite la incorporación inconsulta de información en las centrales de información, restricción que, a su vez, imposibilita el ejercicio de las facultades de conocimiento, actualización y rectificación del dato; (iv) la eliminación del consentimiento, no responde a un fin constitucionalmente legítimo, pues desconoce el carácter bilateral que tiene el cálculo del riesgo crediticio y, de igual manera, favorece un escenario proclive al abuso del poder informático; y (v) el hecho que el acceso a la información personal de contenido comercial y crediticio no esté prohibido en virtud de la protección del derecho a la intimidad, no es óbice para que respecto de esos datos se predican las garantías propias del derecho al hábeas data financiero. Dentro de estas prerrogativas se encuentra, inequívocamente, la obligatoriedad de la autorización del sujeto concernido, expresada a la fuente de información, para la inclusión del dato personal en el archivo o base de datos.

Al respecto, es importante aclarar que la fuente de información siempre estará obligada a contar con el consentimiento expreso, previo y suficiente del sujeto concernido, como requisito ineludible para la transferencia del dato personal de contenido financiero, comercial y crediticio al operador. Asunto distinto es que se releve al operador de contar con el consentimiento del titular para entregar el dato a un tercero, en los términos de la Ley, pues esta alternativa resulta en todo compatible con el derecho fundamental al hábeas data, pues parte del supuesto que el titular ya ha prestado su consentimiento ante la fuente de información.

Alejandro Delgado, Director de área de Telecomunicaciones, Medios y Nuevas Tecnologías del despacho Parra, Rodriguez y Cavelier (Bogotá, Colombia).

Protección de Datos en Colombia III – Transferencia internacional, condiciones y sanciones

Mon, 19 Oct 2009 11:30:00 +0200

Protección de Datos en Colombia III – Transferencia internacional, condiciones y sanciones

En cuanto a la transferencia internacional de los datos personales, la ley 1266 establece que para que proceda la transferencia del dato a un operador extranjero, el titular deberá consentir ante la fuente dicha puesta en disposición de la información personal.

Al respecto, la Corte Constitucional fue clara en señalar que las Superintendencias (SIC y Financiera) deberán analizar el cumplimiento de los estándares de garantía de derechos predicables del titular del dato personal, en la legislación del banco de datos extranjero de destino. Dichas entidades podrán, inclusive, identificar expresamente los ordenamientos legales extranjeros respecto de los cuales, luego de un análisis suficiente, pueda predicarse dicho grado de protección suficiente de los derechos del sujeto concernido. De manera correlativa, el ejercicio del acto de verificación a cargo del operador nacional al que refiere el literal f) del artículo 5º de la Ley, estará supeditado a que las entidades que ejercen la función de vigilancia hayan realizado el análisis de cumplimiento de estándares de protección de derechos antes aludido.

Condiciones

La Ley, en su artículo 13, explica que la información de carácter positivo permanecerá de manera indefinida en los bancos de datos de los operadores de información. Sin embargo, aclara que los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera, y en general aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, se regirán por un término máximo de permanencia.
El término de permanencia de esta información será de cuatro años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas, o sea pagada la obligación vencida. Vencido este tiempo, la información deberá ser retirada de los bancos de datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder o consultar dicha información.
Sin embargo, la Ley fijó un régimen de transición de 6 meses en que se fijan las siguientes condiciones:

Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008, las personas que, a la fecha de su entrada en vigencia ejerzan alguna de las actividades mencionadas, tendrán un plazo de hasta seis (6) meses para adecuar su funcionamiento a las disposiciones de la norma.
Los titulares de la información que a la entrada en vigencia de la ley estuvieren al día en sus obligaciones objeto de reporte, y cuya información negativa hubiere permanecido en los bancos de datos por lo menos un año contado a partir de la cancelación de las obligaciones, serán beneficiarios de la caducidad inmediata de la información negativa.
A su vez, los titulares de la información que se encuentren al día en sus obligaciones objeto de reporte, pero cuya información negativa no hubiere permanecido en los bancos de datos al menos un año después de canceladas las obligaciones, permanecerán con dicha información negativa por el tiempo que les hiciere falta para cumplir el año, contado a partir de la cancelación de las obligaciones.
Los titulares de la información que cancelen sus obligaciones objeto de reporte dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la norma, permanecerán con dicha información negativa en los bancos de datos por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha de cancelación de tales obligaciones.
Cumplido este plazo de un (1) año, el dato negativo deberá ser retirado automáticamente de los bancos de datos. Este beneficio se perderá en caso que el titular de la información incurra nuevamente en mora

Sanciones

En cuanto a las sanciones, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera podrán imponer a los operadores, fuentes o usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, previas explicaciones de acuerdo con el procedimiento aplicable, las siguientes sanciones:

Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente a mil quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, al momento de la imposición de la sanción, por violación a la ley, normas que la reglamenten, así como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por dicha Superintendencia. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó.
Suspensión de las actividades del banco de datos, hasta por un término de seis (6) meses, cuando se estuviere llevando a cabo la administración de la información en violación grave de las condiciones y requisitos previstos en la ley, así como por la inobservancia de las órdenes e Cierre o clausura de operaciones del banco de datos cuando, una vez transcurrido el término de suspensión, no hubiere adecuado su operación técnica y logística, y sus normas y procedimientos a los requisitos de ley, de conformidad con lo dispuesto en la resolución que ordenó la suspensión.
Cierre inmediato y definitivo de la operación de bancos de datos que administren datos prohibidos.

Las sanciones por infracciones se graduarán atendiendo, entre otros, los siguientes criterios: la dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la presente ley, el beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros por la comisión de la infracción, o el daño que tal infracción hubiere podido causar, y la reincidencia en la comisión de la infracción.

Alejandro Delgado, Director de área de Telecomunicaciones, Medios y Nuevas Tecnologías del despacho Parra, Rodriguez y Cavelier (Bogotá, Colombia).

España vuelve a encabezar la lista de emisores de phishing

Wed, 14 Oct 2009 11:00:00 +0200

El 15,1 por ciento de los correos electrónicos de “phishing”, una práctica fraudulenta para robar claves bancarias con mensajes que simulan ser enviados por entidades (lo más común es que intenten suplantar la identidad de conocidos bancos), emitidos en 2008 tuvo su origen en servidores ubicados en España frente al 14,8 por ciento de 2007, según un informe de IBM.

Con este porcentaje, España encabeza una vez más la lista mundial de países emisores de “phishing”, aunque muchos de estos ataques están controlados de forma remota y se originan desde fuera del país.

Puedes consultar el informe X-Force 2008 de IBM completo en su sitio web: X-Force 2008

Por otra parte, el informe señala en 2008 aumentaron un 13,5 por ciento las vulnerabilidades y la mitad de estos fallos no tenían parches a cierre del año.

El Congreso busca el debate online de las nuevas leyes

Thu, 08 Oct 2009 10:27:00 +0200

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del PP en la que se reclamaba que los ciudadanos puedan juzgar y hacer aportaciones a través de Internet sobre las iniciativas legislativas que vaya a poner en marcha el Gobierno antes de que éstas sean aprobadas por el Consejo de Ministros y remitidas a las Cortes Generales para su tramitación.

Se ha aprobado finalmente esta propuesta en la que se solicita que el Ejecutivo ‘cuelgue’ en la página www.060.es información específica sobre sus anteproyectos de ley, así como los antecedentes que consideren necesarios sobre los mismos y que establezca la normativa precisa para que los ciudadanos puedan opinar sobre estos textos antes de que el Consejo de Ministros les dé luz verde.

Además, la Cámara Baja emplazó al Ejecutivo a remitir al Congreso de los Diputados, junto con sus iniciativas legislativas, las aportaciones que los ciudadanos hayan realizado durante esa fase de debate público.

Reclamación de derechos de autor a nivel mundial frente a Google Books

Thu, 24 Sep 2009 11:56:00 +0200

Leemos en el blog de Alonso Hurtado esta noticia sobre un litigio entre Google Inc. y Guild Inc., en relación a una presunta vulneración de los derechos de Autor por parte de los servicios de Google Books y las bibliotecas virtuales que están creando.

Me acabo de enterar vía el Blog de Alejandro Delgado, ex compañero de fatigas en Xnovo Derecho Tecnológico y actual Director del Departamento de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de Parra Rodríguez & Cavallier, que la compañía Guild Inc y Google Inc, que llevaban un tiempo litigando ante los tribunales de Nueva York por la presunta vulneración de los derechos de Autor por parte de los servicios de Google Books y las bibliotecas virtuales que los de Redmont están creando, gracias a su algoritmo y alguna ayuda de los escaneados OCR.

El acuerdo alcanzado entre ambas compañías, que deberá ser aprobado por la Corte de los Estados Unidos correspondiente al Distrito Sur de Nueva York, dispone que los autores, editores y titulares de los derechos de propiedad intelectual, cuyas obras hubieran sido publicadas hasta el día 5 de enero de 2009, con independencia del Estado en el que se encuentren, sean residentes o desde el que operen, podrán hacerse parte dentro del acuerdo firmado entre Guild Inc y Google Inc y así, obtener el cobro efectivos que les correspondan por la explotación realizada por parte de Google.

Siento informaros con tan poco espacio de tiempo, pero el plazo máximo para manifestar la voluntad de formar parte del acuerdo en cuestión, es el día 5 de mayo de 2009.

Sigue leyendo el resto del artículo en el blog de Alonso Hurtado.

Taller “La Protección de datos en la Pyme” en AJE Madrid

Fri, 18 Sep 2009 10:30:00 +0200

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, con el apoyo de los abogados del despacho Xnovo, Derecho Tecnológico, celebrará del 10 al 12 de marzo un talller bajo el título “Sociedad de la Información: Protección de datos en la Pyme”.

Con este taller se pretende dotar a los asistentes de los conocimientos necesarios para gestionar de forma segura los datos personales que están en poder de una empresa. Así se les expondrán metodologías distintas para saber cómo actuar ante cualquier evento relacionado con la seguridad de la información y particularizando en la protección de datos personales.

El curso está originalmente dirigido a directores gerentes, consultores de empresas, responsables de sistemas y nuevas tecnologías y otros profesionales de la asesoría, pero también otros profesionales pueden participar. De hecho, entre las empresas asistentes se seleccionarán dos para realizar una implantación gratuita de una política de protección de datos.

Datos del taller

Días: 10 al 12 de Marzo de 2009
Hora: 9:00 a 14:00 hs.
Lugar: Ronda de Toledo,1 – 4ª planta, local 4311
Inscripción por correo electrónico: bsanchez@ajemad.es
Inscripción gratuita. Plazas limitadas.

Una estafa con Copyright

Wed, 09 Sep 2009 09:30:00 +0200

En el blog de Rodrigo Méndez hemos leído un post sobre un nuevo intento de estafa, éste relacionado con una supuesta “United Foundation”, que además incluye un supuesto Copyright. Os dejamos un extracto del artículo y os invitamos a leerlo completo en el blog de Rodrigo Méndez:

Hace unos pocos momentos recibí un mensaje por Skype de un usuario llamado “unitedfoundations”, el cual en pocas palabras me dice que por obra del destino he sido escogido por esa “fundación” para recibir £3,000,000.00 (tres millones de libras) para mi uso personal, educativo o para montar un negocio.

Esta obviamente es una estafa del tipo timo 419 o también llamada estafa nigeriana, la cual es identificable por ser una historia que promete darte una cantidad muy fuerte de dinero a cambio de que facilites los datos de tu cuenta bancaria con la promesa de hacerte el depósito millonario.

El timo es llamado como 419 pues es el número del artículo del Código Penal de Nigeria que viola y porque este tipo de comunicaciones por lo general provienen de Nigeria.

El lado oscuro de la red

Thu, 03 Sep 2009 09:00:00 +0200

Los problemas que surgen con las nuevas tecnologías y los nuevos formatos de comunicación, en especial, a raíz de Internet, preocupan a todos. Para analizar en profundidad este tema, el Grupo Diez organiza la VII Jornada InfoDIEZ del 23 al 25 de marzo. Xnovo participa en estas jornadas con una ponencia de Alonso Hurtado sobre las Redes Sociales y la Protección de Menores.

Las Jornadas InfoDIEZ son un foro anual de reunión donde reconocidos profesionales y expertos de empresas, instituciones y universidades dan a conocer los últimos avances en Tecnologías de la Información y la Comunicación. En esta VII edición, bajo el título “El lado oscuro de la red”, se abordan los aspectos o actividades que están rodeadas por dudas morales o legales en Internet. Las jornadas se celebran en la Universidad de Zaragoza.

El despacho especializado en nuevas tecnologías Xnovo, Derecho Tecnológico, participa en la segunda jornada, martes día 24 de marzo, con una ponencia del socio del despacho Alonso Hurtado Bueno, titulada Redes Sociales y Protección de Menores.

En esta ponencia se abordarán cuáles son los principales usos que los menores realizan de las redes sociales y sitios web colaborativos, así como cuáles son los principales cuidados que deben tener ellos y sus tutores. A lo largo de la ponencia se pondrá especial interés en que los asistentes tengan en cuenta que los riesgos que la red supone para los menores, no son tantos y sobre todo, son fácilmente evitables.

Se puede consultar el programa completo y las inscripciones en el sitio web: www.infodiez.com

Nuevo hacker detenido

Thu, 13 Aug 2009 09:30:00 +0200

La Guardia Civil de Huelva, en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, ha detenido a un ciberdelicuente de 41 años de edad y vecino de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, que presuntamente habría vulnerado la seguridad electrónica de más de un millar de personas.

En la denominada operación ‘Yacimiento’ desarrollada en la provincia de Huelva, a un ciberdelincuente entre cuyas víctimas se encuentran políticos, periodistas y escritores, así como distintos grupos de profesionales de la comunicación, médicos y bufetes de abogados, según informó la Subdelegación del Gobierno en una nota.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por el Ayuntamiento onubense de Minas de Riotinto, en la que se ponía en conocimiento que una persona podía haber vulnerado varias cuentas de correo electrónico, oficiales y particulares, pertenecientes a la corporación.

Tras el análisis de los datos obtenidos, la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo para poder detectar los rastros electrónicos, lo cual permitió realizar un seguimiento hasta los ordenadores de la universidad gaditana, donde los investigadores identificaron al sospechoso.

Dicha persona resultó ser un auténtico experto en el manejo de tecnologías de comunicación avanzadas y estaba dotado de una gran preparación académica siendo licenciado en Ciencias de la Documentación y la Comunicación, Lingüística y diplomado en Biblioteconomía.

Los problemas derivados de las redes sociales

Mon, 03 Aug 2009 10:30:00 +0200

Luis Cisneros Burgos. Abogado de Xnovo, Derecho Tecnológico

Las redes sociales son en principio muy útiles, ya que permiten conectar con amigos de la infancia, compañeros de facultad, profesionales de nuestro sector, gente que comparte nuestras mismas aficiones, etc., pero los problemas que pueden surgir a través de las redes sociales y similares tienen unas características parecidas a los que se provocan en el mundo offline. A continuación daremos un repaso a los más comunes.

Los principales problemas se pueden dar, al igual que ocurre en los medios más tradicionales, por la falta de privacidad y seguridad en cuanto al tratamiento de los datos. Primero hay que informarse de si el tratamiento de los datos se va a realizar en terceros Estados fuera de las fronteras de la Unión Europea que, por tanto, tienen una regulación muy diferente a la que se puede tener en cualquier país comunitario. Esto depende de donde tengan alojados los servidores cada red social en cuestión. Lo más preocupante en las recogidas de datos es que se permitan cesiones a terceras empresas para las que se desconoce su finalidad, no el tratamiento que el propio recolector va a realizar con los mismos.

También existe un problema en cuanto a la generación de contenidos protegibles por propiedad intelectual o por el derecho a la propia imagen por estas redes, ya que muchas de ellas, en el caso de realizar una inclusión de contenidos, adquieren directamente una licencia sobre los mismos. En las redes sociales, el propio usuario se convierte también en generador de comunicaciones no deseadas. El spam, que se considera en otros campos como una conducta no permitida y muy perjudicial, en las redes sociales se produce de alguna manera cuando se bombardea sin ser miembro de la misma con invitaciones a alguna persona o, cuando ya se está ingresado, con aplicaciones, fiestas, eventos, recuerdos, etc. Todo esto hace que ciertos grupos, tales como desarrolladores o los cesionarios de los datos recogidos a través de estas plataformas, tengan acceso a ciertos datos que se consideran personales y en algunos casos pueden ir más allá de nombres y direcciones de correo, pudiendo tratarse de datos que la actual normativa de protección de datos sitúa en un nivel alto de protección y que sólo pueden ser tratados en muy contadas ocasiones y aquí circulan libremente.

Otro de los principales problemas es la infancia y los menores de edad. Muchas de estas plataformas no establecen ningún mecanismo de control de la edad seguro. En un porcentaje muy alto, se pregunta con un simple click en una casilla que dice “si es usted menor de edad…” o una casilla para introducir la fecha de nacimiento mediante menús desplegables. Además, en muchas de estas plataformas no concuerda la edad de acceso al servicio con lo que en España se considera un joven adulto.

Sobre este tema, se da una situación anormal: hay una generación que ha visto cómo crecían estas redes pero no forman parte esencial de su vida cotidiana, mientras que la generación inmediatamente siguiente está completamente acostumbrada a su uso y las redes sociales son parte de su vida social. Así, se tienen, junto con los grupos de amigos más tradicionales los amigos del chat, de Facebook, de Tuenti… o de cualquier otra red.

Estos menores están plenamente integrados en las redes, siendo éstas una extensión de su vida cotidiana y, sin ningún tipo de malicia, son capaces de contar toda su vida, incluyendo detalles íntimos, sin darse cuenta de que pueden existir terceros malintencionados, tanto contra ellos o contra su entorno, pensemos por ejemplo en personas amenazadas o en peligro por grupos terroristas o menores en el punto de mira de pedófilos.

Pese a lo expuesto anteriormente, no hay que ver las redes sociales como una fuente de incontables peligros y llenas de usuarios malintencionados, siempre hay que analizar las situaciones y las nuevas herramientas con una cierta perspectiva , aunque llamen mucho la atención, sobre todo en los medios de comunicación, este tipo de casos.

Hay que tener en cuenta que, para ciertas empresas y para ciertos usuarios, es más cómodo interactuar a través de la propia red o plataforma, ya que al hipercontextualizar la publicidad se consigue que sólo se muestre la que pueda ser de su interés, según los gustos expresados en la propia red o plataforma. También hay que tener en cuenta que determinados tipos de redes promueven la realización de contactos profesionales y fomentan la interactuación entre profesionales del mismo sector.

Nadie pone en duda los beneficios de este tipo de redes, pero siempre hay que tener en cuenta ciertas conductas que hay que evitar:

No dar más datos personales de los estrictamente necesarios.
Ajustar los perfiles de privacidad para que sólo sean visibles por los contactos admitidos.
No agregar contactos a los que no se conoce.
En caso de detectar una conducta que puede ser ofensiva, ponerla en conocimiento del responsable de la red.
Si se entiende que tal conducta es constitutiva de un delito, ponerla en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Telefónica modifica su “error” en la Licencia de “OpenOffice Telefónica Edition”

Tue, 28 Jul 2009 09:00:00 +0200

Vía BandaAncha leo que Telefonica de España acaba de publicar la rectificación de la “metedura de pata” que había llevado a cabo en los últimos días en su contrato de licencia de uso de software parasu distro de OpenOffice.

Concretamente, Telefónica había publicado determinadas cláusulas en la licencia que cochaban frontalmente con las obligaciones expresas e irrenunciable que las licencias del tipo LGPL (Lesser General Public License v3) establecen.

En particular la operador, que se encarga únicamente de comercializar una edición del OpenOffice y dar un soporte técnico por un precio determinado mensual, restringía los derechos de uso de la propia licencia originaria del software, estableciendo una serie de limitaciones tales como:
El uso del software a un único equipo (ordenador)
Impidiendo la posibilidad de crear software derivados
Realizar copias de seguridad
Ponerlo a disposición de tereceros.

Si observamos la nueva versión de la licencia, podemos observar como estas limitaciones han desaparecido por completo, incluyendo en dicho contrato el siguiente párrafo:

A efectos aclaratorios, Telefónica de España, no es titular, ni licencia la Suite OpenOffice, ni tiene derechos ni responsabilidad sobre dicho software [...]. El código de la Suite OpenOffice se encuentra sujeto a los términos de licencia GNU Lesser General Public License v3 (LGPL) [...].

Sin duda alguna, este hecho denota como claramente, los departamentos jurídicos (no todos sus miembros, claro está) de la grandes corporaciones aún no han logrado interiorizar la nueva realidad jurídica que supone la explotación comercial de obras licenciadas bajo este tipo de licencias.

Podéis descargaros la nueva versión de la licencia desde el siguiente link

Xnovo entre las 50 empresas con más potencial para el 2009

Thu, 16 Jul 2009 11:30:00 +0200

La revista Emprendedores del mes de enero dedica su dossier central a un interesante listado: La lista Emprendedores 50 - de las empresas más dinámicas y con más potencial para el 2009. Según explica el Director de la revista, la lista se ha realizado seleccionando a “empresas que han demostrado audacia y que tienen potencial de futuro”.

Entre estas 50 compañías españolas se encuentra Xnovo, por haber sabido aprovechar un nicho que, en el momento de fundarse nuestro despacho, los grandes bufetes tenían totalmente ignorado: el asesoramiento legal en tecnologías para pymes.

Puedes ver la aparición en la sección de Sala de Prensa.

Xnovo firma un acuerdo de colaboración con la plataforma iAbogado

Mon, 06 Jul 2009 09:00:00 +0200

El despacho especializado en nuevas tecnologías Xnovo ha firmado un acuerdo de colaboración con la plataforma digital iAbogado para ofrecer, a través de su bufete virtual, servicios de Derecho de las Nuevas Tecnologías.

Ambos despachos han firmado recientemente este acuerdo, con el objetivo principal de completar sus servicios, de cara a mejorar las necesidades de sus clientes. Los servicios adicionales que Xnovo aporta a los ofertados por iAbogado son la Auditoría legal de sitios web, que es un servicio de adecuación legal del sitio web corporativo o de comercio electrónico del cliente, la Auditoría en materia de protección de datos, un servicio de adecuación a la normativa española de protección de datos de carácter personal de entidades y la solicitud y tramitación de patentes, marcas y nombres comerciales.

Según palabras de Alonso Hurtado, socio del despacho Xnovo Derecho Tecnológico, “este acuerdo surge de una visión similar del servicio personalizado para cada cliente y del aprovechamiento de las nuevas tecnologías, especialmente Internet, que tenemos ambos despachos. Los beneficios para ambos bufetes y, sobre todo, para los clientes, han sido inmediatos”.

Xnovo firma un acuerdo estratégico con la plataforma legalsolo.com

Tue, 30 Jun 2009 11:30:00 +0200

Xnovo Derecho Tecnológico, despacho de abogados especializado en Nuevas Tecnologías de la Información, aprovechando el lanzamiento su nueva imagen corporativa y portal web, ha firmado una alianza estratégica con legalsolo.com, agregador de información legal (jurisprudencia, legislación y blogs).

Gracias a este acuerdo, Xnovo Derecho Tecnológico pone a disposición de todos sus usuarios en primicia y de forma completamente gratuita, una herramienta que permite la búsqueda de cualquier tipo de resolución judicial, legislación o contenidos de interés, publicados dentro de la propia web de Xnovo.

Del mismo modo, y siguiendo la línea mantenida durante los más de 7 años que Xnovo lleva en el mercado, se afianza a la vanguardia de la convergencia entre Derecho y Tecnologías de la Información, aportando junto con sus aliados estratégicos soluciones útiles, eficaces y gratuitas para facilitar el acceso a la información.

Según Alonso Hurtado, socio de Xnovo Derecho Tecnológico, “es necesario que el sector jurídico de España de el salto por completo y recurra a herramientas de trabajo digitales, que permitan el trabajo descentralizado, inmediato al mismo tiempo que de gran calidad. Herramientas como la presentada por legalsolo.com hacen que nuestros usuarios puedan tener acceso a gran cantidad de información legal que de otra forma no podrían o de lo contrario les supondría un gran coste económico”.

Por otro lado Ángel Maldonado, socio y co-fundador de legalsolo.com, afirma que “estamos encantados de poder colaborar con Xnovo en esta iniciativa pionera. Poder combinar y entregar la información legal y pública de forma abierta es sin duda una experiencia extraordinaria llena de posibilidades”.

Consejos para cambiar la política de privacidad de un site, tras los cambios de Google Analytics y Adsense

Tue, 23 Jun 2009 09:30:00 +0200

Volvemos a fijarnos en el blog de Alonso Hurtado, esta vez para ver los consejos que nos da, de cara a renovar la política de privacidad de nuestras página web y blogs, en caso de utilizar los servicios de Google: Google Analytics, para recibir informes de las visitas que recibimos, y Google Adsense, el servicio de publicidad en site.

Todos los que utilicéis en vuestros Blogs o páginas web los servicios de Google Analytics y/o de Adsense, tenéis que adecuar vuestras políticas de privacidad a las nuevas condiciones de privacidad de Google.

Teniendo en cuenta que en España y en la Unión Europea, la dirección IP es considerado un dato de carácter personal, todo sitio web que emplee cualquiera de estos dos servicios, con independencia de que sea aplicable o no la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), deben disponer de forma fácilmente accesible una política de privacidad que, además de contener las obligaciones de información y consentimiento dispuestas en el art.5 y 6 de la LOPD, deberán incluir los siguientes párrafos, siendo indispensables para adecuar plenamente el tratamiento de los datos a la normativa española de protección de datos, así como a la política de privacidad de Google.

Sigue leyendo los consejos para adaptar la política de privacidad en el blog de Alonso Hurtado.